Tras el golpe de Estado, la UTE fue intervenida militarmente y se designó como rector-delegado al Coronel Eugenio Reyes Tastets, comenzando así un proceso de “depuración” de la comunidad universitaria, que consistió en la persecución y sanción a personas.

Con el objetivo de vigilar y controlar la actividad universitaria, se creó un Departamento de Seguridad Interna, cuyos informes, construidos en base a seguimientos y delaciones, permitieron a las autoridades tomar represalias que dieron como resultado la expulsión de cientos de estudiantes, trabajadoras y trabajadores de la universidad entre 1973 y 1990.